Protocolo de Cartagena
El 11 de septiembre entró en vigor el
Protocolo
de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia,
manejo y uso de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología
moderna. Se espera que el tratado fomente el uso seguro de transgénicos,
tema que despierta una encendida polémica global, liderada
por Estados Unidos y Europa.
Adoptado en 2000 por los miembros de la Convención
sobre Diversidad Biológica, el tratado busca un comercio
internacional de transgénicos más transparente, a
través de medidas de seguridad acordes con las necesidades
de consumidores, industriales y, en particular, con el medio ambiente.
El objetivo es descartar potenciales conflictos
entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad
global, según explica una guía sobre el protocolo
ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
El proceso de conciliar intereses legítimos
del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil.
Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología
el camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen
razones éticas, ambientales, sociales y de salud al intentar
poner un coto a la biotecnología moderna.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
emitió en marzo de 2000 la Declaración sobre Biotecnología,
donde sostiene que esta ciencia ofrece instrumentos poderosos para
el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad
forestal, así como de las industrias alimentarias.
La Red de Cooperación Técnica
en Biotecnología Vegetal (REDBIO),
de FAO, compuesta por 570 laboratorios en 32 países, aboga
por mantener y reforzar la investigación biotecnológica,
incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar las
normas de bioseguridad necesarias para evitar daños a la
salud y el medio ambiente.
Entretanto, grupos ambientalistas, como Greenpeace
consideran que la riqueza biológica de los cultivos tradicionales
es una herencia mundial amenazada por la contaminación genética.
Y responsabilizan a transnacionales de la biotecnología,
como Monsanto,
el mayor productor de semillas del mundo, de presionar a los gobiernos
de muchos países para descartar mecanismos de control sobre
los transgénicos.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE)
protagonizan la polémica. En julio pasado, el Parlamento
Europeo adoptó una ley que obliga a los productores de alimentos
genéticamente modificados a etiquetar sus productos para
conocimiento del cliente.
La medida deberá ser ratificada por
cada uno de los países miembros de la Unión Europea,
pero fue percibida como la primera señal de un posible levantamiento
de la prohibición de comercializar transgénicos en
el bloque comunitario.
Estados Unidos y otros países productores
de OGM, incluidos latinoamericanos como Argentina, demandaron ante
la Organización Mundial de Comercio (OMC)
la suspensión de la prohibición a la venta de esos
alimentos en el territorio de la Unión Europea, impuesta
en 1999.
En junio de 2003 la República de Palau
se convirtió en el Estado número 50 en ratificar el
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, lo que permitió
su entrada en vigor. La primera
reunión de la Conferencia de las Partes que han ratificado
el Protocolo tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, en febrero
del 2004.
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